Michael Hazim advierte que nuevas leyes penales y de compras podrían desalentar la participación en la función pública

Michael Hazim advirtió que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, las reformas al Código Procesal Penal y la nueva Ley de Compras y Contrataciones, junto a su reglamento, podrían generar un efecto disuasivo en la participación ciudadana en cargos públicos y en los procesos de contratación con el Estado.

Durante su análisis en Revista 110, Hazim sostuvo que el endurecimiento del régimen sancionador, especialmente en materia penal y de responsabilidad personal, crea un escenario de alto riesgo para funcionarios, miembros de comités de compras y suplidores del Estado. Señaló que, a diferencia de esquemas anteriores, las nuevas disposiciones trasladan responsabilidades penales directas a personas físicas, incluso cuando las decisiones se adoptan de manera colegiada.

Hazim llamó la atención sobre la falta de claridad en torno a la autonomía real de los integrantes de los comités de compras y contrataciones, quienes —según explicó— suelen ser designados por las máximas autoridades de las instituciones, pero enfrentan consecuencias penales individuales por decisiones tomadas por mayoría. Indicó que esta asimetría entre poder de decisión y nivel de responsabilidad puede provocar temor e inhibición en servidores públicos técnicamente capacitados.

En su exposición, también abordó el tema del financiamiento político, señalando que la legislación vigente mantiene vacíos y ambigüedades sobre los aportes de campaña fuera de los períodos electorales. Explicó que la práctica de recibir financiamiento permanente por parte de sectores económicos no está tipificada como delito, pero que los cambios legales y la interpretación judicial podrían generar conflictos y cuestionamientos retroactivos en términos éticos y políticos.

Hazim puso como ejemplo casos judiciales anteriores en los que la recepción de fondos de campaña fue considerada una práctica permitida bajo el marco legal existente en su momento, y contrastó esa realidad con procesos actuales en los que hechos similares son objeto de persecución penal. A su juicio, esta transición normativa exige mayor precisión legal para evitar inseguridad jurídica.

Asimismo, advirtió al sector empresarial y a los suplidores del Estado sobre los alcances de la nueva Ley de Compras y Contrataciones, señalando que prácticas antes toleradas, como acuerdos informales o intercambios de información entre oferentes, ahora podrían ser interpretadas como colusión, incluso cuando se trate de simples conversaciones. Subrayó que las sanciones previstas son severas y de aplicación personal.

Hazim exhortó a partidos políticos, funcionarios, empresarios y aspirantes a cargos públicos a estudiar a fondo las nuevas normas, capacitarse y ajustar sus prácticas antes de su plena implementación. Indicó que el país ya no cuenta con largos períodos de adaptación, como ocurrió con otros acuerdos internacionales, y que el desconocimiento de la ley no eximirá de responsabilidad.

Finalmente, sostuvo que las reformas legales representan un avance en la lucha contra la corrupción, pero advirtió que, sin reglamentos claros y mecanismos institucionales que protejan a quienes actúan de buena fe, el resultado podría ser un retraimiento generalizado de la participación en la gestión pública y en la relación con el Estado.