Julio Hazim y Andrés Terrero: Auditorías y Declaración de Bienes.
Julio Hazim y el ex presidente de la Cámara de Cuentas, Andrés Terrero, analizaron este jueves la importancia crítica de las auditorías y las declaraciones juradas de bienes como herramientas fundamentales para combatir la improvisación y la corrupción en la administración pública. Durante el diálogo en Revista 110, se enfatizó que estos mecanismos no deben verse como símbolos de persecución, sino como procesos necesarios de rendición de cuentas para todo aquel que maneje recursos del Estado.
Andrés Terrero subrayó que la auditoría permite demostrar que la gestión de un funcionario se realizó de manera correcta, instando a los nuevos incumbentes a realizar un “corte de documentos” al asumir sus cargos. “Usted lo nombraron y entró hoy… haga un corte de documentos con su contador su financiero… para usted saber si una administración un administrador hizo bien su función”, explicó, detallando que este proceso debe registrar desde la última orden de compra hasta el último cheque emitido por la gestión anterior.
Respecto a la declaración jurada de bienes, Terrero aclaró que esta debe ser exhaustiva e incluir activos tanto nacionales como en el extranjero. “El funcionario tiene que declarar lo que tiene pero lo que tiene en cualquier sitio… si usted tiene una inversión, usted tiene una propiedad o usted tiene unos recursos en el extranjero… tiene que incluirlo”, afirmó. Además, señaló que incluso artículos de valor personal como relojes, joyas y obras de arte deben figurar en el documento para garantizar la transparencia sobre el patrimonio real del servidor público.
Julio Hazim cuestionó la capacidad operativa y presupuestaria de la Cámara de Cuentas para auditar cada gestión que termina, a lo que Terrero respondió que, aunque es lo ideal, la falta de tiempo y recursos suele ser un obstáculo. No obstante, Terrero defendió que el organismo tiene la potestad de contratar firmas de auditores independientes para agilizar los trabajos. “La Cámara de Cuentas puede utilizar firma de contadores públicos independientes para poder coadyuvarse en los trabajos de auditoría para buscar quizás más tecnicismo o quizás agilizar el tiempo”, precisó.
Finalmente, se abordó la facultad del Congreso y la Cámara de Cuentas para fiscalizar incluso a entidades privadas que tengan contratos o reciban fondos del Estado, citando ejemplos como Aerodom o inversiones en centros de salud. Terrero fue enfático al declarar que “el proceso de la Cámara de Cuentas llega a cualquier sitio donde haya interés del Estado dominicano”, reafirmando que la trazabilidad del dinero público es esencial para determinar si el consumo de un funcionario es coherente con sus ingresos legales.
