Expertos antilavado advierten altos costos de campañas y reclaman mayor fiscalización del financiamiento político
Los expertos en prevención de lavado de activos Roberto Mella Cohn y Arnaldo Sánchez Brugal coincidieron en que el elevado costo de las campañas electorales en la República Dominicana constituye un riesgo estructural para la transparencia democrática y facilita la entrada de fondos ilícitos al sistema político. Durante su participación en Revista 110, sostuvieron que el financiamiento público que reciben los partidos a través de la Junta Central Electoral resulta insuficiente frente al gasto real de las campañas, lo que abre espacio a aportes privados poco claros y a prácticas que distorsionan la competencia electoral.
Mella Cohn subrayó que el problema no se resuelve convirtiendo automáticamente a los partidos políticos en “sujetos obligados” de la Ley de Lavado de Activos, ya que la Ley 33-18 de Partidos Políticos contiene mecanismos de control incluso más estrictos, como la identificación y publicación de donantes y la supervisión de una unidad especializada de la JCE. A su juicio, la debilidad está en la falta de aplicación efectiva de esa ley y, especialmente, en el escaso control sobre los candidatos, quienes en muchos casos manejan financiamientos paralelos fuera de la estructura formal partidaria.
Por su parte, Sánchez Brugal afirmó que el enfoque debe centrarse en reducir el costo de la política y fortalecer los controles internos y éticos de los partidos, más que en multiplicar regulaciones formales. Ambos expertos advirtieron que mientras una campaña requiera montos desproporcionados para ser competitiva, persistirá el incentivo para recurrir a fondos de origen ilícito. En ese sentido, llamaron a una revisión integral del sistema de financiamiento electoral, orientada a la fiscalización real, la rendición de cuentas y la preservación de la integridad del proceso democrático.
