Carlos Pimentel: Nueva ley de contrataciones públicas sanciona malas prácticas y combate la colusión

El director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que la nueva Ley 47-25 marca un punto de inflexión en el sistema de compras del Estado al restablecer un régimen de consecuencias que no existía en la normativa anterior y fortalecer los mecanismos para prevenir y sancionar la colusión entre empresas. Explicó que la anterior Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas fue modificada seis meses después de su aprobación en 2006, eliminando las sanciones que originalmente contemplaba.
“Había una demanda, un clamor de los sectores más sensatos de esta sociedad de la importancia de que la ley tenga un sistema de consecuencias”, sostuvo el funcionario, al destacar que la nueva legislación no se limita a ajustes parciales, sino que constituye un marco normativo completamente renovado.
Pimentel precisó que bajo el régimen anterior no existían sanciones de tipo penal en materia de contrataciones públicas y que las administrativas eran limitadas, circunscritas principalmente a la inhabilitación de proveedores y a la posibilidad de recomendar procesos disciplinarios contra funcionarios, amparados en la Ley de Función Pública.
“Con la Ley 47-25 se establece un sistema más robusto de responsabilidades, que incluye consecuencias administrativas y la remisión de casos al Ministerio Público cuando se identifiquen indicios de naturaleza penal, como soborno o acuerdos prohibidos”, dijo al ser entrevistado en el programa Síntesis con Michael Hazim,
Colusión: de práctica sin penalidad a conducta vigilada
Uno de los cambios más relevantes es el tratamiento de la colusión. Pimentel recordó que, aunque la colusión podía ser abordada desde la legislación de competencia, no tenía una penalidad directa en el ámbito específico de contrataciones públicas bajo la vieja ley. Reveló que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) cuenta con un sistema automatizado que analiza las ofertas cargadas en el sistema electrónico e identifica indicios de vinculación entre empresas participantes, tales como coincidencias en teléfonos, direcciones, composición accionaria o cuentas bancarias.
“El software no declara la existencia de colusión de manera automática, pero genera alertas sobre posibles relaciones entre oferentes. A partir de ahí, se examina el comportamiento histórico de participación conjunta en procesos y la similitud en las propuestas económicas y técnicas”, indicó Pimentel señalando que cuando los hallazgos superan el umbral administrativo y presentan indicios de ilícitos penales, los expedientes son remitidos a la Procuraduría General de la República para su investigación.
Más controles sin sacrificar eficiencia
Pimentel rechazó que el nuevo régimen pueda paralizar la administración pública por temor a sanciones. A su juicio, la ley fue diseñada para lograr “un justo equilibrio entre controles y eficiencia”, fortaleciendo la transparencia sin entorpecer la operatividad del Estado. Entre las novedades citó la inclusión de responsabilidades personales para miembros de comités de compras, la posibilidad de emitir votos disidentes para dejar constancia de desacuerdos, la regulación más estricta de certificaciones previas a la adjudicación y la incorporación de intereses moratorios en caso de retrasos en pagos a suplidores. Asimismo, destacó la implementación de herramientas tecnológicas como “Infopago”, que permitirá a los proveedores dar seguimiento en línea a la trazabilidad de sus pagos y conocer los tiempos de respuesta de cada institución.
Transformación estructural
Más allá del régimen sancionador, el funcionario sostuvo que la Ley 47-25 transforma la visión de las contrataciones públicas, al concebirlas como instrumento de desarrollo económico y fortalecimiento de las mipymes, elevando del 20 % al 30 % el porcentaje obligatorio destinado a estas empresas y duplicando la cuota dirigida a mipymes lideradas por mujeres. Sin embargo, enfatizó que esa política de promoción debe ir acompañada de controles para evitar distorsiones, como la creación artificial de mipymes por grandes empresas para beneficiarse de los incentivos.