¿Apelación de qué?

Si el Ministerio Público decidió levantar expedientes de alto impacto político, estaba obligado a sostenerlos con pruebas sólidas, independientes y verificables. De lo contrario, no solo compromete el curso de un proceso judicial, sino también la confianza pública en la justicia. El debate no gira en torno a Gonzalo Castillo ni a las simpatías que despierta su figura. Lo esencial es saber si el Estado actuó con rigor o si se dejó arrastrar por una narrativa sin suficiente base probatoria. Cuando una jueza advierte que partes del expediente eran desproporcionadas o estaban mal construidas, la discusión deja de ser partidaria y se vuelve institucional.