Michael Hazim cuestiona hasta dónde llega la responsabilidad de las plataformas digitales ante accidentes y fallas del sistema
Michael Hazim abrió un amplio debate sobre los límites de la responsabilidad legal, civil y moral de las plataformas digitales, a partir de accidentes recientes y de situaciones cotidianas que, según advirtió, revelan vacíos normativos y contradicciones en el funcionamiento del Estado y del mercado.
Durante su comentario en Revista 110, Hazim retomó el análisis iniciado el día anterior sobre tragedias como el accidente ferroviario en Madrid y el caso del Jet Set, señalando que en ambos existían reportes técnicos, advertencias previas y reclamos documentados que no fueron atendidos a tiempo. Aclaró que el objetivo no es eximir de culpa a nadie, sino establecer con claridad quién responde cuando se conocen los riesgos y aun así no se actúa.
En ese contexto, planteó un caso ocurrido en el país que involucró a un motorista que presta servicios de taxi a través de una plataforma digital. Según relató, una pasajera fue transportada sin casco, en condiciones inadecuadas, lo que provocó su caída al iniciar la marcha del vehículo. El hecho, dijo, abre múltiples interrogantes: si el responsable es el conductor, el dueño del motor, la plataforma digital, las autoridades que otorgaron el permiso, la aseguradora o incluso terceros involucrados.
Hazim amplió el análisis a otras plataformas, como las de alquiler de viviendas, cuestionando quién responde si ocurre un incendio o un colapso estructural en un inmueble que presenta vicios de construcción o fallas previamente reportadas. Sostuvo que, cuando existen quejas, estudios o advertencias conocidas, la omisión puede convertirse en negligencia compartida.
El comunicador subrayó la necesidad de diferenciar entre responsabilidad civil y penal, advirtiendo sobre el riesgo de judicializarlo todo sin parámetros claros, lo que podría generar un escenario interminable de demandas. No obstante, sostuvo que existen áreas donde sí pueden establecerse reglas más estrictas, especialmente en el transporte ofrecido mediante plataformas digitales.
Puso como ejemplo el caso de ciudades como Nueva York, donde los taxis y vehículos de transporte comercial cuentan con seguros especiales, distintos a los de uso privado. A su juicio, las plataformas deberían exigir requisitos mínimos a quienes operan a través de ellas, como tipo de seguro, condiciones del vehículo, uso obligatorio de casco en motores y cumplimiento estricto de normas de seguridad, a fin de reducir riesgos y delimitar responsabilidades.
Hazim también vinculó este debate con el sistema de salud y la seguridad social, cuestionando quién responde cuando una persona muere por falta de un medicamento, por agotamiento de la cobertura o porque un procedimiento no está incluido en el plan. Señaló que, si estas limitaciones están documentadas y reconocidas por las autoridades, no puede alegarse desconocimiento.
Al citar informaciones recientes sobre SENASA, el Servicio Nacional de Salud y los llamados a reformar la Ley de Seguridad Social, sostuvo que existe una contradicción entre el discurso oficial sobre cobertura y sostenibilidad, y la realidad que viven muchos pacientes en hospitales públicos, donde se les exige comprar medicamentos o no reciben servicios oportunos.
Hazim concluyó que el país necesita una revisión integral de sus marcos regulatorios, tanto en salud como en transporte, edificaciones y servicios digitales. Afirmó que mientras no se definan con claridad las responsabilidades de cada actor —Estado, empresas, plataformas y ciudadanos— las tragedias seguirán generando debates sin responsables claros, dejando a las víctimas en un limbo legal y moral.
