César Dargam afirma que el Código Laboral necesita modernización y rechaza que la reforma implique pérdida de derechos adquiridos

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, sostuvo que la reforma al Código Laboral dominicano es una necesidad impostergable y aclaró que el debate no gira en torno a la eliminación de derechos adquiridos de los trabajadores, sino a la actualización de una normativa que tiene más de tres décadas sin responder a la realidad actual del mercado laboral.

Durante su participación en el programa Síntesis, Dargam recordó que el Código de Trabajo fue aprobado hace 36 años y que, pese a los avances sociales, económicos y tecnológicos del país, su estructura legal permanece prácticamente intacta. Indicó que el proceso de diálogo tripartito ha permitido consensuar la mayoría de los puntos, quedando como principal diferencia el tema de la cesantía, mientras otros aspectos ya cuentan con amplios acuerdos.

El ejecutivo del CONEP señaló que la posición del sector empleador ha sido consistente y sustentada en el diálogo, sin llamados a confrontación. Afirmó que la modernización del Código Laboral busca fomentar más empleo, mayor formalidad, reducción de costos innecesarios, agilización de los procedimientos judiciales y eliminación de trabas burocráticas que afectan tanto a empleadores como a trabajadores.

Dargam explicó que algunos cambios introducidos en el Senado alteraron acuerdos previamente consensuados en el Consejo Consultivo del Trabajo, lo que justificó que el proyecto no se aprobara de forma acelerada en la legislatura anterior. Indicó que actualmente la iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados y que el sector empresarial ha planteado la necesidad de revisar temas relacionados con la jornada laboral, los procesos de conciliación y el funcionamiento de los tribunales laborales.

En otro orden, el vicepresidente del CONEP abordó la modificación a la Ley de Residuos Sólidos, señalando que el debate público se ha concentrado excesivamente en el costo del tarifario, dejando de lado la dimensión estratégica de la gestión integral de residuos para el desarrollo sostenible del país. Reconoció que la estructura de financiamiento aprobada presenta oportunidades de mejora, especialmente para micro y pequeñas empresas, y destacó la apertura del Gobierno a revisar distorsiones y plazos que podrían afectar procesos productivos.

Al evaluar el desempeño económico del país, Dargam indicó que el bajo crecimiento registrado en 2025 responde en gran medida a factores externos, como conflictos geopolíticos, eventos climáticos y condiciones financieras internacionales. No obstante, resaltó que la República Dominicana alcanzó récords históricos en exportaciones, inversión extranjera directa, remesas y turismo, lo que evidencia la fortaleza estructural de la economía pese a la desaceleración de algunos sectores como la construcción.

Sobre las finanzas públicas, explicó que el presupuesto refleja un déficit estructural que obliga a priorizar el gasto de capital y a mejorar la calidad del gasto público. En ese sentido, sostuvo que la inversión pública es clave para dinamizar la economía, aunque recordó que más del 80 % del producto interno bruto depende de la inversión privada, la cual requiere estabilidad, confianza y competitividad.

Dargam también destacó la relación con Estados Unidos, señalando que, pese a un contexto internacional incierto, la República Dominicana ha recibido un trato relativamente favorable en materia comercial y diplomática. Mencionó avances recientes en temas de aranceles, cooperación y comercio preferencial, así como señales positivas en iniciativas como la extensión del programa HOPE-HELP, que beneficia al sector de zonas francas.

Finalmente, el vicepresidente ejecutivo del CONEP subrayó que el sector empresarial continuará impulsando la conducta empresarial responsable, la sostenibilidad y el diálogo público-privado como pilares para garantizar estabilidad social, crecimiento económico y desarrollo inclusivo. Indicó que, más allá de los debates recurrentes, el país enfrenta retos estratégicos que requieren una agenda compartida entre el Estado y el sector privado para sostener el progreso a largo plazo.