Antoliano Peralta advierte que el Código Penal requiere ajustes antes de entrar en vigencia y explica riesgos con el plazo del Código Procesal Penal
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, explicó que el recién aprobado Código Penal, aunque fue promulgado, necesita correcciones técnicas que se trabajarán durante el período de un año previsto antes de su entrada en vigencia. Señaló que el Ejecutivo optó por promulgar la ley para evitar más retrasos, pero acordó revisar su contenido junto a sectores jurídicos, el Ministerio Público y el Congreso, con el fin de introducir un proyecto de modificación puntual que ajuste artículos cuestionados.
Peralta confirmó que ya se conformó una comisión mixta que avanza en la elaboración de la pieza correctiva, la cual se presentará antes de que el código entre en vigor. Agregó que el Senado ha aprobado parte del paquete de modificaciones vinculadas al Código Procesal Penal, y que la Cámara de Diputados estudia su ratificación.
Respecto al Código Procesal Penal, advirtió sobre un plazo “crítico” que vence el 11 de diciembre, cuando caduca la vigencia provisional de la Ley 10-15, la cual fue anulada por el Tribunal Constitucional por problemas de procedimiento. Explicó que, si el Congreso no aprueba antes de esa fecha una nueva versión que restituya la normativa, el país quedaría sin reglas esenciales para la actuación del Ministerio Público en materia procesal. “A partir del 12 de diciembre no existirían elementos clave para la persecución penal si no se corrige ese vacío”, dijo.
El consultor aclaró además cómo aplica la vigencia de las leyes penales: un delito cometido antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal deberá juzgarse con la normativa actual, porque la ley nueva no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio del acusado.
Sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que despenaliza las relaciones homosexuales en cuerpos policiales y militares, Peralta afirmó que “se ha generado un escándalo más morboso que jurídico”. Recordó que en República Dominicana las relaciones entre adultos no están penalizadas, y que la sentencia no abre camino hacia el matrimonio igualitario, ya que este requeriría una reforma constitucional. Señaló además que la decisión no guarda relación con el Poder Ejecutivo y podría responder a la impugnación de algún reglamento disciplinario.
