Michael Hazim llama a “poner reglas claras y blindar a los funcionarios” en los procesos de compras públicas
Michael Hazim advirtió que la presión creciente sobre las instituciones involucradas en compras y contrataciones públicas puede terminar en un escenario donde “nadie quiera ser funcionario” si no existen garantías claras para quienes firman y ejecutan los procesos. Sus comentarios llegan en medio de una semana cargada de discusiones, revisiones y cuestionamientos relacionados con licitaciones en entidades como el INABIE, el Plan Social y otras dependencias que compran grandes volúmenes de productos agropecuarios.
El comunicador sostuvo que las instituciones reguladoras deben iniciar una “campaña masiva de educación” dirigida a suplidores y productores, explicando de manera precisa cómo aplican la Ley de Compras y Contrataciones, el nuevo Código Penal, las cuotas de MIPYMES y los decretos que obligan a comprar un porcentaje significativo a productores nacionales.
Recordó que, en sectores como la alimentación escolar, la realidad operativa incluye productos perecederos, suplidores por cercanía geográfica y panaderías o cocinas comunitarias que abastecen de dos a cuatro escuelas, lo que hace que el proceso de compras no pueda analizarse solo desde la letra fría de la ley. “Hay factores de capacidad, de cercanía y de urgencia que deben tomarse en cuenta”, señaló.
Hazim citó casos recientes en los que empresas fueron inhabilitadas, así como reuniones extraordinarias de instituciones para revisar licitaciones, y afirmó que la mayoría de estos procesos “terminarán con pocas sanciones”, pues en el fondo se trata de fallas históricas de orientación, no de corrupción comprobada. También recordó precedentes como las escuelas inconclusas encontradas por el Gobierno en 2020, cuyo reinicio requirió una dispensa del Congreso debido al alza de costos tras la pandemia.
El comentarista favoreció medidas concretas para proteger al productor nacional, incluyendo que la tarjeta navideña del Gobierno solo pueda utilizarse —total o parcialmente— para adquirir productos dominicanos. Asimismo, defendió el rol de los intermediarios y aclaró que muchos productores no tienen ni interés ni capacidad para participar directamente en procesos de licitación.
Hazim insistió en que la solución estructural es crear mecanismos de blindaje institucional: colocar representantes de la Contraloría y de Compras y Contrataciones dentro de cada entidad para supervisar en tiempo real cada proceso. “No es posible que un funcionario firme una orden y después quede expuesto a que le digan que violó la ley, cuando actuó conforme a las normativas que se le explicaron”, afirmó.
Recordó que en entidades como el INABIE muchos precios son preestablecidos, por lo que la competencia no es por precio sino por capacidad de despacho y distribución. En ese sentido, cuestionó prácticas como negociar toda la producción de un rubro con un solo fabricante, pues eso permite competir con ventajas que otros suplidores no pueden igualar.
Finalmente, Hazim reiteró que defender al productor nacional, garantizar el abastecimiento oportuno y mantener reglas claras son elementos esenciales del sistema, especialmente en situaciones de emergencia, donde no es posible realizar una licitación de meses para responder a un desastre natural.
