Transportistas reformistas denuncian uso ilegal de recursos provenientes de las multas de tránsito

REVISTA110.- SANTO DOMINGO.- El Secretario de Transporte del Partido Reformista Social Cristiano, Mario Díaz, denunció este lunes que  la Procuraduría General de la República (PGR), ha hecho uso ilegal de los recursos provenientes de las multas de tránsito establecidos  en la ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

Díaz explica que la PGR,  ha utilizado desde el mes de febrero del año 2017 hasta la fecha actual, la totalidad de los recursos provenientes de las multas de Transito, en franco desacato al artículo 298 de la ley 63-17, el cual establece que sólo el 75% de los recursos recaudados por el pago de las multas de tránsito, pertenecen a la Procuraduría y que el restante 25%, será utilizado para la aplicación de esta ley en beneficio de los usuarios y operadores del servicio del transporte publico de pasajeros y de cargas, por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).

Mario Diaz señaló, que además el artículo 360 de la ley 63-17 sobre Transito, claramente establece la derogación de la ley número 12-07 del 24 de enero del año 2007, que en su artículo número 3 creó un «fondo especial para la aplicación y desarrollo del Nuevo Modelo Penitenciario, a cargo de la Procuraduría General de la República», para administrar todas las cobranzas obtenidas de las multas recaudadas por la indicada institución, a través de la aplicación de esa ley.

Diaz asegura que según una comunicación de fecha 07 de marzo del presente año, la PGR a través de su Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, atendiendo a una solicitud de fecha 28 del mes de enero del 2019, hecha por la Compañía Nacional de Chóferes y Trabajadores del Transporte Social Cristianos (CONACHOTTRANSC), sobre información del uso dado por la Procuraduría General de la República, a los recursos recaudados por esa institución en virtud a lo establecido en el artículo 298 de la ley 63-17 y estableció textualmente que:  «los fondos indicados en el artículo 298 de la Ley 63-17 del 21 de febrero de 2017, son destinados para sufragar los gastos del Sistema Penitenciario Dominicano, específicamente para dar mantenimiento a los centros penitenciarios y ejecutar mejoras continuas de las condiciones de dichos centros».

Agregaron en su respuesta que también los fondos son utilizados  para desarrollar nuevos centros penitenciarios en todo el territorio nacional, los cuales deben cumplir con las características y condiciones que prevé las Reglas Nelson Mandela aplicados al Nuevo Modelo Penitenciario. Todo esto con el objetivo de proteger y garantizar los derechos inherentes a los seres humanos recluidos, conforme se establece en la Ley sobre precios de multas, Núm. 12-07, del 24 de enero del 2007.

En virtud de eso reclaman la correcta distribución de dichos recursos por parte de la Procuraduría General de la República.