Organizaciones sociales llaman a discutir el sistema fiscal dominicano con participación ciudadana

Desde la sociedad civil hacemos pública nuestra posición ante el anuncio del ministro de Hacienda y Economía de presentar un proyecto de ley para “modernizar” la administración tributaria. Reiteramos nuestra determinación de insistir en la necesidad de estudiar, discutir y consensuar todo lo relativo a la cuestión fiscal, con base en lo establecido constitucionalmente, que dispone la realización de un Pacto Fiscal previamente consensuado por vía del Consejo Económico y Social (CES).

Saludamos cualquier iniciativa orientada a mejorar la eficacia y eficiencia del sistema fiscal y a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sin embargo, consideramos necesario precisar con claridad el alcance real de lo anunciado, garantizando el respeto a los derechos y orientando las decisiones hacia el aseguramiento de la justicia social.

De acuerdo con el contenido divulgado públicamente por el ministro, en una reunión con la cúpula empresarial, su administración no pretende realizar una reforma fiscal, sino cambios administrativos y la eliminación de impuestos anacrónicos que no han sido especificados. Este camino no es democrático, contradice compromisos políticos asumidos por el gobierno y desconoce lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030), que obliga a discutir este tema crucial de cara a la sociedad.

Cuando el ministro adelanta y comparte con la cúpula empresarial la intención del gobierno de producir “una reforma administrativa y de gestión tributaria orientada a simplificar procesos, digitalizar procedimientos y eliminar algunos tributos considerados obsoletos”, se vulnera la legislación que establece la necesidad de un Pacto Fiscal.

Reiteramos, como organizaciones de la sociedad civil, que una reforma administrativa tributaria podría mejorar el funcionamiento del sistema, pero no modifica la estructura de los ingresos públicos ni corrige los desajustes estructurales crónicos del sistema fiscal dominicano.

Por esta razón, desde la sociedad civil advertimos que si el proyecto de ley mencionado por el ministro de Hacienda y Economía se limita a lo anunciado, estaríamos repitiendo “más de lo mismo”, imponiendo ajustes administrativos parciales que no enfrentan las causas profundas de la crisis fiscal ni los desajustes estructurales del sistema socioeconómico dominicano.

El aumento de las capacidades recaudatorias del Estado y la localización de recursos financieros gubernamentales que permitan forjar nuevas capacidades para la economía dominicana, orientadas a políticas públicas que fortalezcan derechos y promuevan justicia social, como garantiza nuestra Constitución, no puede estar al margen de un Pacto Fiscal consensuado entre la ciudadanía, el gobierno y el empresariado.

Por ello, respondemos a las afirmaciones y propuestas adelantadas por el ministro y el gobierno, tras haber sido puestas en común al margen de la sociedad, como establecen la ley y la Constitución de la República, señalando lo siguiente:

Eliminar algunos impuestos no resolverá el problema fiscal dominicano
Digitalización y modernización administrativa
El verdadero problema fiscal: exenciones y evasión
Rechazo a nuevas amnistías fiscales
El debate fiscal también debe incluir el gasto público
Desajustes estructurales económicos y subsidios
Fortalecimiento institucional
Las organizaciones firmantes reiteramos nuestra disposición a participar en un diálogo nacional amplio, democrático y transparente sobre el futuro fiscal del país.

La República Dominicana no necesita únicamente una reforma administrativa tributaria. Necesita avanzar hacia una transformación estructural de su sistema fiscal, basada en la justicia social, la equidad tributaria y la sostenibilidad fiscal.

Exhortamos al Gobierno, al Consejo Económico y Social (CES) y, eventualmente, al Congreso Nacional, de ser apoderado el proyecto de ley mencionado por el ministro de Hacienda y Economía, así como a toda la sociedad dominicana, a abrir un proceso nacional para discutir el futuro fiscal del país.

La fiscalidad debe convertirse en una herramienta para promover el desarrollo, reducir desigualdades y garantizar bienestar para toda la población. Por ello, hacemos un llamado al ministro de Hacienda a impulsar un diálogo inclusivo y democrático.