Luis Rivas: “Violentar derechos fundamentales y usar la justicia como instrumento es muy peligroso”

Luis Rivas, defensor de Gonzalo Castillo en el denominado caso Calamar, advirtió sobre los riesgos institucionales que implica convertir la justicia en un instrumento de persecución política o mediática, y cuestionó la validez del proceso penal que se sigue contra su cliente.

Rivas explicó que el caso Calamar, actualmente en etapa preliminar en el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, se basa en tres pilares: presuntas irregularidades en el manejo de deuda pública, pagos indebidos por expropiaciones forzosas y supuestos cobros ilegales en bancas de apuestas. Aseguró que la acusación contra Castillo fue presentada fuera de plazo y sin el cumplimiento de requisitos legales fundamentales.

“Nos preocupa que estemos avanzando hacia un modelo de justicia donde se vulneran los derechos fundamentales de los imputados con tal de satisfacer una narrativa pública. Eso es muy peligroso en una democracia”, afirmó Rivas.

En cuanto a las recusaciones de jueces durante el proceso, el abogado denunció que una de las juezas exhibió “actitudes hostiles” y falló en tiempo récord sin motivación suficiente. Señaló además que la decisión fue adoptada por la misma sala que había rechazado una recusación anterior, lo que, a su juicio, debió generar un sorteo nuevo.

Respecto a los beneficiarios de criterios de oportunidad, como el empresario Mimilo Jiménez, Rivas sostuvo que el Ministerio Público incurrió en contradicción al excluir de la acusación a personas que inicialmente identificó como actores activos en los hechos. “No se puede beneficiar a quien fue protagonista del supuesto entramado criminal”, afirmó.

En paralelo, Rivas abordó el caso del Intran, en el cual representa a Hugo Beras. Indicó que al momento del “apagón” de los semáforos, Beras ya no estaba al frente de la entidad, por lo que lo considera ajeno a la acusación. “No se le puede imputar responsabilidad por hechos ocurridos durante una licencia”, aclaró.

También ofreció un análisis jurídico sobre la tragedia del Jet Set, resaltando que este tipo de casos puede generar tres tipos de responsabilidad: civil, penal y administrativa. Explicó que los dueños de la discoteca, como persona moral, responderían civilmente hasta el monto de su aporte en la sociedad, mientras que una eventual responsabilidad penal requeriría demostrar conducta negligente, imprudente o temeraria de parte de personas físicas.

Sobre las posibles demandas internacionales por parte de víctimas estadounidenses, Rivas expresó dudas sobre la jurisdicción de tribunales extranjeros: “El hecho ocurrió en República Dominicana, por tanto, la competencia penal y civil principal recae aquí.”

Finalmente, sostuvo que las penas máximas por homicidio involuntario —2 años de prisión— no justifican medidas de coerción como prisión preventiva, salvo peligro de fuga. En cuanto a las compensaciones económicas a víctimas, recalcó que el valor de cada vida no puede fijarse por la condición económica del fallecido, sino por criterios objetivos de daño moral y material.

“Si seguimos este camino de espectacularización de la justicia, con criterios selectivos y populismo penal, terminaremos socavando las bases del Estado de derecho”, concluyó.