Julio y Michael Hazim cuestionan retención de bienes tras sentencia: “¿Por qué no se devuelven los vehículos y propiedades?”
Julio y Michael Hazim lanzaron un llamado urgente a las autoridades judiciales, particularmente a la fiscal de San Cristóbal, Patricia Durán, para investigar la retención de bienes incautados, como vehículos alquilados, que no han sido devueltos a sus legítimos propietarios incluso después de dictarse sentencia en los casos correspondientes.
Michael Hazim expuso un caso reciente de un vehículo de renta incautado durante un proceso judicial y que, a pesar de haberse emitido la sentencia contra el imputado, no ha sido restituido al propietario del rent-a-car. “El vehículo no está siendo usado, no lo han asignado a nadie, pero tampoco lo devuelven. Eso ya tiene sentencia, ya el proceso concluyó. ¿Qué esperan?”, cuestionó.
Ambos conductores denunciaron que esta problemática se extiende a otros ámbitos, como inmuebles ocupados por el Estado durante años sin compensación, e incluso propiedades que siguen confiscadas pese a que se ha demostrado que no están vinculadas a hechos delictivos. “Hay casas alquiladas a instituciones públicas desde hace más de 15 años sin que se pague un peso, y los dueños no pueden recuperarlas ni cobrar su alquiler”, afirmó Julio Hazim.
También señalaron casos más graves, como fincas no devueltas tras una sentencia absolutoria y hasta viviendas confiscadas por actividades delictivas aisladas de los dueños legítimos. “Si un turista hace algo indebido en un hotel o un carro alquilado, ¿eso justifica confiscar el hotel o el vehículo para siempre?”, se preguntó Michael Hazim.
Ambos llamaron a una reforma profunda en los protocolos de incautación y devolución de bienes en la justicia dominicana, advirtiendo que “esto afecta directamente a personas inocentes, pequeños empresarios y ciudadanos que ven cómo sus derechos de propiedad son vulnerados sin consecuencias”.
Finalmente, propusieron que este tema sea asumido como una prioridad institucional por la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, para evitar que estas prácticas continúen causando daños patrimoniales injustos y creando un precedente peligroso para el respeto al debido proceso y a la propiedad privada en el país.
