Juan Liranzo: “El aborto no debía frenar el Código Penal y los acuerdos de pena no deben aplicarse a todos”
El abogado penalista y exfiscal Juan Alberto Liranzo afirmó que el prolongado estancamiento del nuevo Código Penal dominicano se ha debido a un error estratégico y político: colocar el tema del aborto como eje central del debate. “Las causales del aborto nunca debieron frenar una legislación tan necesaria para el país”, sostuvo durante su intervención en el programa La Revista 110.
Liranzo, actual director de Recursos Humanos de INDOTEL, explicó que las tres causales —riesgo para la vida de la madre, malformaciones del feto e incesto o violación— ya tienen cierto respaldo jurídico en el marco actual, y que su discusión no justifica el retraso de dos décadas en la aprobación del código. “El tema se ha politizado y se ha usado como pretexto para trabar una reforma mucho más amplia y moderna”, precisó.
El jurista también resaltó los avances que propone el nuevo Código Penal, incluyendo más de 70 nuevos tipos penales, entre ellos el sicariato y nuevas formas de participación criminal como el inductor. Apoyó la implementación del cúmulo de penas con un límite de hasta 60 años y destacó la importancia de contar con figuras jurídicas más específicas para enfrentar el crimen organizado y la criminalidad compleja.
En cuanto a los acuerdos de pena, Liranzo se mostró partidario de su uso con criterios estrictos, advirtiendo que “no todos los casos deben resolverse con acuerdos” y que estos han sido mal utilizados por imputados que simulan arrepentimiento para obtener beneficios procesales. “El acuerdo debe ser una herramienta excepcional, no un escape para los responsables de delitos graves”, sentenció.
Respecto al exceso de prisión preventiva, reconoció que muchos jueces la imponen por falta de garantías procesales de los imputados, quienes no tienen arraigo laboral, familiar ni domicilio fijo. No obstante, pidió al sistema judicial revisar el uso sistemático de esta medida en casos menores, como hurtos simples o delitos no violentos.
Sobre la creación de un Ministerio de Justicia, Liranzo valoró positivamente el intento de deslindar las funciones administrativas del Ministerio Público, lo que permitiría mayor independencia en la persecución penal y mejor gestión de las cárceles y políticas penitenciarias.
Finalmente, el especialista en derecho constitucional recordó que “el aumento de penas por sí solo no reduce la criminalidad”. Abogó por una combinación de derecho penal y políticas públicas preventivas que enfrenten las causas sociales del delito, como la pobreza, el hacinamiento, la exclusión y la falta de educación. “Un código moderno es necesario, pero la justicia no puede depender solo de castigos”, concluyó.
