Jean Rodríguez entrega en Santiago centro para adolescentes en conflicto con la ley penal

Revista 110, Santiago. – El procurador general de la República, Jean Rodríguez, entregó este lunes en Santiago el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (CAIPACLP), con capacidad de albergue para 96 internos.

En el acto, el magistrado Rodríguez pronunció un discurso, durante el cual destacó que esta es la primera obra terminada en el marco de la ejecución del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario que implementa en todo el país.

“Nos propusimos ampliar la capacidad de este recinto y así lo hicimos. Mientras antes solo había espacio para 72 adolescentes en condiciones muy precarias, hoy hay disponibilidad para 96 en condiciones humanas, con lo cual hemos creado espacio suficiente para que los jóvenes de Santiago y de otras zonas aledañas puedan permanecer cerca de sus familiares y de la jurisdicción donde están siendo procesados con un sistema enfocado en reinserción”, subrayó.

Resaltó, que la atención a los adolescentes privados de libertad es uno de los ejes más importantes dentro de este plan, por encontrarse éstos en una de las etapas más vulnerables en la vida del ser humano, que dijo para superarla con éxito, los jóvenes necesitan de apoyo, guía, herramientas, disciplina y, sobre todo, de amor.

Agregó “Pretendemos que ese joven que ha delinquido, por la razón que sea, tenga una segunda oportunidad, una oportunidad de cambio y de transformación que ahora ha llegado a los adolescentes de Santiago”.

Explicó que el centro fue remozado y ampliado con un monto de alrededor de 21 millones de pesos, al tiempo de indicar que los trabajos incluyeron la construcción de un taller completamente nuevo, donde se impartirán clases de ebanistería, para que los adolescentes durante su estadía en el recinto puedan aprender nuevas habilidades para ganarse la vida honradamente cuando sea el momento de reintegrarse a la sociedad.

En relación a los trabajos realizados en el recinto, además dijo que el área de la cocina fue completamente equipada para brindarles al personal y a los jóvenes privados de libertad alimentos preparados en un ambiente adecuado y servidos sin atrasos y a las horas estipuladas.

“El Plan de Humanización del Sistema Penitenciario no es un mero plan de construcciones, sino una verdadera reforma del sistema penitenciario nacional, incluyendo al sistema penitenciario juvenil, para que sea más moderno, con programas que garanticen la total rehabilitación del interno”, señaló.

En ese orden, dijo que a través de la Dirección de Prevención de la Criminalidad de la Procuraduría y la Dirección Nacional de Atención Integral para la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, trabajan en la implementación de un nuevo modelo de gestión para todos los centros de atención, a fin de lograr la estandarización de los procesos y fortalecer las capacidades del personal que interactúa con los internos.

Destacó que trabajan en un nuevo modelo de intervención conductual para desarrollar programas de tratamiento personalizados que tomen en cuenta el entorno comunitario, familiar y personal de cada uno de los adolescentes privados de libertad. “Solo así seremos capaces de lograr una transformación verdadera en este segmento de la población”, enfatizó.

El jefe del Ministerio Público manifestó ante autoridades y representantes de diferentes sectores de Santiago, que implementan un plan integral sujeto al cumplimiento de varias etapas, el cual avanza inexorablemente hacia una conclusión exitosa y esperanzadora. “Este centro tan solo es el primer ejemplo y esperamos presentarles muchos otros más en los meses venideros”, dijo.

La Procuraduría General de la República (PGR) explicó que los trabajos realizados en el centro por un espacio de cuatro meses estuvieron a cargo de la empresa contratista Abástese S.A., ganadora de la licitación hecha por la institución con esos fines.

Al acto de entrega del CAIPACLP de Santiago, que funciona en el sector Pastor de Bella Vista de esta ciudad, asistieron representantes del Ministerio Público, jueces, defensores de la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, y miembros de los ministerios de Educación y Salud Pública, del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI),  de la Policía Judicial Especializada, del Ejército y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Iglesia, así como agentes penitenciarios y representantes de la sociedad civil.