Fernando Peña exige reubicación justa para comunidades afectadas por expansión de Barrick Gold
El sociólogo y analista Fernando Peña hizo este martes un enérgico llamado a las autoridades y a la empresa minera Barrick Gold para que se garantice una reubicación con justicia y dignidad a las comunidades afectadas por la expansión del proyecto minero en Pueblo Viejo, Cotuí.
Peña aseguró que las decisiones tomadas por la minera, con anuencia del gobierno actual y anteriores, han generado desplazamientos forzosos, afectación de recursos naturales y violaciones al debido proceso en perjuicio de cientos de familias. “Hay un conflicto en el que se obliga a deslocalizar comunidades, sin garantizar sus derechos”, afirmó.
El también miembro del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD detalló que la construcción de la presa de cola El Lagal, diseñada para almacenar hasta 240 millones de toneladas de residuos tóxicos, provocó la reubicación de apenas una fracción de las familias afectadas. “Debieron reubicarse 369 familias, pero solo se construyeron 89 viviendas. El resto ha sido marginado y olvidado”, denunció.
Peña reveló que pese a que Barrick ha recibido una ampliación de su reserva fiscal —de 4,700 a 13,000 hectáreas— para levantar una segunda presa de cola, la empresa ha pospuesto su ejecución, mientras avanza con obras no autorizadas. “Han comenzado a construir una carretera y desmontar parte de la Sierra del Naranjo sin licencia ambiental, afectando fuentes de agua y biodiversidad”, alertó.
En ese contexto, explicó que actualmente se encuentra en curso un recurso de amparo para evitar la desaparición del río Naranjo, una fuente vital para varias comunidades. “Lo que se está pidiendo es detener la muerte del río y de las condiciones de vida de esas personas, antes de que el daño sea irreversible”, expresó.
También criticó lo que denominó un “acuerdo fabricado” entre el gobierno, Barrick y supuestos representantes comunitarios, al margen de la mesa de diálogo que desde febrero llevaba a cabo una negociación en La Vega con participación de diversos sectores. “Ese acuerdo no fue firmado por las comunidades reales, sino por personas vinculadas al senador de Cotuí y, en algunos casos, señaladas por la propia minera como chantajistas”, puntualizó.
Peña denunció que la Defensoría del Pueblo, en lugar de proteger los derechos de los desplazados, respaldó un proceso paralelo y viciado, debilitando las verdaderas vías de negociación. “No es un trabajo decente ni transparente. Se ha priorizado resolver el problema de la empresa, no el de la gente”, concluyó.
