Diputado del exterior someterá en TC recursos de inconstitucionalidad a resoluciones JCE

REVISTA110, NUEVA YORK.- El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la Circunscripción 1 en los Estados Unidos, Alfredo Rodríguez, manifestó que someterá un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra disposiciones de la Junta Central Electoral (JCE).

El congresista, durante una rueda de prensa en el Alto Manhattan, especificó que la JCE ha actuado de manera inconstitucional al prohibir la celebración de primarias en el exterior para elegir los candidatos a diputados, alegando que no es posible debido al alto costo y logística que implican; medidas estas antidemocrática y que vulnera los derechos políticos de los dominicanos en ultramar.

“La JCE está violando el derecho a elegir sus candidatos presidenciales y al Congreso Nacional, derecho consagrado por la Constitución”, aseguró.

Especificó que los numerales 5 y 6 del artículo 110 de la Ley número 15-19, (Orgánica del Régimen Electoral) prohíben el derecho al voto en el exterior a los dominicanos que aceptaran en el extranjero funciones a cargo de los gobiernos de los países en los cuales residan, así como a los que hayan ingresado a fuerzas militares del país en que residan.

Dijo que estos preceptos de la ley son ambiguos y podrían afectar a cualquier quisqueyano que trabaje en una institución pública a nivel local, estatal o federal. De igual modo, en cuanto al servicio militar, no esclarece si es aplicable solo a miembros activos o es incluyente de los que sirvieron a fuerzas militares en el pasado.

“Ambas disposiciones están coartando el voto, suprimiéndole el derecho a elegir a los candidatos presidenciales y de diputados del exterior; además, con las disposiciones del artículo 110 se invalida a un importante grupo de dominicanos habilitados para votar como lo han hecho en procesos anteriores”, dijo.

“Recurriremos al TC porque su misión es garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, para que declare inconstitucional las disposiciones de la JCE”, dijo.

Consideró que esas son decisiones erráticas y equivocadas, ya que el artículo 211 de nuestra Constitución define la función del organismo electoral: “las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la JCE, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”.

De acuerdo con la Ley Electoral, para ser candidato a diputado en el exterior se requiere ser dominicano, poseer su Cédula de Identidad y Electoral, estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos; tener 25 años de edad, estar en el Registro de Electores Residentes en el Exterior; haber vivido cinco años por la circunscripción que aspire y no inhabilitado por la Constitución y la Ley Electoral.

“No celebrar primarias en el exterior para elegir los candidatos a diputados es discriminatorio por parte del organismo electoral, ya que su responsabilidad es tutelar la democracia interna de los partidos políticos, contrario a la propia Ley 33-18, que está motivada, en su considerando quinto, en la necesidad de crear un marco legal que garantice y afiance la democracia interna”, dijo.

Consideró que los magistrados electorales están poniendo a los criollos del exterior por debajo de sus compatriotas en la RD, en un nivel que desciende de la segunda categoría, tratándolos ni siquiera como ciudadanos de tercera, sino como extranjeros.

“Quiero especificar -dijo Rodríguez- que la JCE manejará este año preelectoral fondos del Estado ascendentes a RD$8 mil 185 millones.

El legislador estuvo acompañado de su esposa, Laura de Rodríguez, presidente de la Fundación en Defensa de los Dominicanos de Norteamérica y el Exterior (FDDNE), y los ex oficiales policiales en NY, Juan Espinal y Jeffy Pérez, el primero candidato a diputado por el PUN en el 2012. Además de Roberto Lizardo, ex presidente de la Junta Escolar de esta ciudad. Ninguno de ellos podrá votar ahora por la disposición de la JCE que se lo prohíbe.