Abogados denuncian millonaria estafa inmobiliaria y acusan a socio de sobreventa de apartamentos en Punta Cana
Los abogados Rafael Brito y David Turbí Reyes denunciaron este lunes en un programa televisivo una presunta estafa inmobiliaria que involucra la sobreventa de apartamentos en proyectos ubicados en Bávaro y Punta Cana, provincia La Altagracia. Los juristas acusan al señor Luis Obdulio Beltré Pujols, socio de la firma constructora, de vender múltiples veces las mismas unidades a distintos compradores, muchos de ellos extranjeros.
Según explicaron los abogados, los ingenieros Ángel Schifino padre e hijo, responsables del desarrollo de varios proyectos habitacionales, concluyeron una de las obras con fondos propios ante la inacción de su socio, Beltré Pujols, quien abandonó el proyecto durante la pandemia. Posteriormente, este interpuso varias querellas por presunta estafa y abuso de confianza, las cuales fueron archivadas en tres ocasiones por distintas instancias judiciales, al considerar que no existía ningún ilícito penal.
A pesar de las decisiones judiciales firmes, Beltré Pujols presentó nuevas acusaciones, esta vez respaldado por la fiscal Rosanna Molano, quien presuntamente allanó propiedades sin orden judicial y puso en posesión al denunciante, en perjuicio de los ingenieros constructores y varios propietarios.
“Se han vendido apartamentos hasta tres veces a distintos compradores”, denunció el abogado David Turbí, alertando sobre el riesgo de una tragedia debido a la presencia de civiles armados en los complejos intervenidos irregularmente.
Los abogados presentaron documentación que demuestra que los ingenieros Schifino cuentan con tres decisiones judiciales a su favor, así como un acuerdo conciliatorio en el que Beltré Pujols se comprometió a pagar RD$5 millones, de los cuales sólo ha entregado un millón. Alegan que las nuevas acciones legales solo buscan evadir responsabilidades económicas y presionar mediante el uso indebido del Ministerio Público.
Además, expusieron que Beltré intentó ampararse en un recurso de amparo alegando violación a su derecho de propiedad, pero este fue rechazado por el tribunal, señalando que “lo que debe hacer es pagar lo que debe”.
