Andrés Terrero: “La declaración jurada se ha vuelto una estación del año; cuando conviene, aparece”
Andrés Terrero arremetió contra el manejo actual de las declaraciones juradas de patrimonio, señalando que se trata de un tema que resurge cíclicamente según convenga, como “una estación del año”. Durante su intervención en Revista 110, Terrero calificó el incumplimiento de esta obligación legal como un eslabón clave en la cadena de corrupción, alertando que muchos funcionarios “no quieren declarar sus bienes”.
El comentarista denunció que incluso un senador se ha quejado por tener que cumplir con este mandato, a pesar de que debió saberlo antes de asumir su cargo. Terrero también cuestionó la actuación de la Cámara de Cuentas, señalando que la institución publicó una lista de funcionarios omisos, donde incluyó incluso personas que no estaban obligadas a declarar.
“Vi declaraciones de Milagros Ortiz Bosch y de Emma Polanco, y ambas están equivocadas en asignarle responsabilidad a la Cámara. El deber de declarar es del funcionario”, enfatizó Terrero. También criticó la decisión de la Cámara de Cuentas de ayudar a los omisos a llenar sus formularios: “Eso es un conflicto de interés. El órgano fiscalizador no puede convertirse en asistente de los fiscalizados”.
Asimismo, propuso que la declaración jurada de bienes sea cruzada automáticamente con la de impuestos internos mediante inteligencia artificial, para detectar inconsistencias patrimoniales. “Si una persona declara una casa de 850 mil dólares en Florida y no tiene los ingresos para justificarla, hay un problema que investigar”, dijo.
Terrero lamentó que muchos bienes se oculten tras empresas offshore, alegando que los funcionarios reportan acciones de compañías en lugar de las propiedades reales que poseen: “Es una pantalla montada”, aseguró.
Finalmente, criticó la falta de consecuencias legales: “La ley 41-08 contempla hasta 5 años de inhabilitación para quienes incumplen, y la Constitución habla de 10. Pero, ¿a quién han sancionado? La Procuraduría debe actuar”.
La discusión dejó claro que, más allá de formularios y tecnicismos, el verdadero desafío es la voluntad política de hacer cumplir la ley y transparentar la función pública.
