Autismo

La Ley de Autismo 34-23 cumple ya tres años, pero su implementación aún muestra vacíos importantes en aspectos esenciales de su normativa, a pesar del impacto directo en miles de familias. La falta de desarrollo pleno de políticas públicas, recursos y protocolos ha limitado el alcance real de una legislación concebida para garantizar atención integral, inclusión educativa y apoyo especializado. Organizaciones y padres insisten en que la ley no puede quedarse en el papel, sino traducirse en servicios efectivos y accesibles en todo el país. El desafío del Estado es pasar del marco legal a la ejecución concreta, asegurando que la inclusión no sea solo un principio, sino una realidad cotidiana.