REVISTA 110, SANTO DOMINGO. -Los beneficios del acuerdo de colaboración suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la constructora brasileña Odebrecht, en marzo de 2017, quedan claramente evidenciados en el expediente acusatorio contra los imputados en la red de corrupción que ha sido llevado ante la Justicia dominicana.

El Ministerio Público está aportando un voluminoso y sustancioso expediente, con más de 800 páginas de evidencias, debidamente traducidas, entregadas exclusivamente por Odebrecht en virtud del acuerdo de colaboración, que ha sido clave en el proceso y que ha servido de punto de partida para muchas otras de las investigaciones realizadas aquí por los fiscales encargados por la Procuraduría General de estructurar el expediente.

Tras revisar el expediente, se establecen una serie de puntos trascendentes: que además de las pruebas documentales, el Ministerio Público tiene previsto presentar como testigos a varios ejecutivos de la constructora brasileña, a fin de acreditar en audiencia las informaciones entregadas por la empresa en cumplimiento del acuerdo de colaboración, con cuyos testimonios se pretende demostrar las ‘circunstancias y hechos sobre esta acusación que sean de conocimiento’ de dichos ejecutivos

La sección sobre ‘descripción y ofrecimiento de los elementos de pruebas’ que fundamentan la acusación contra los  imputados, es fácil establecer que los documentos aportados por Odebrecht jugarán un papel protagónico durante la audiencia preliminar y el juicio de fondo, como lo hicieron a lo largo del proceso de investigación del escándalo, debido a la coherencia de las denominadas ‘delaciones premiadas’ y un volumen importante de documentos y comunicaciones que datan desde principios del 2017, poco después de que estallara el escándalo.

En la lctura del expediente, es trascendente el relato de Marco Vasconcelos Cruz, el delator principal de los hechos ocurridos en República Dominicana, ya que en sus delaciones “premiadas” se nombraron políticos, empresarios, abogados y funcionarios públicos vinculados a la constructora durante su período de actuación en el país, como también la relación  de transferencias y contratos ficticios, presentados en las acusaciones, principalmente contra Angel Rondón y el abogado Conrado Pittaluga, considerados entre los principales imputados del escándalo.

Y sale a relucir un documento de cuatro dossiers de informaciones, común a todos los imputados, con lo que tratarán de demostrar las ‘transferencias de dinero provenientes de sociedades ‘offshore’ relacionadas a Odebrecth, a través de cuentas de bancos nacionales e internacionales a beneficio de las empresas que conformaron su entramado societario a favor de los imputados, empresas vinculadas y allegados’, citándose el Meinl Bank, de Antigua.

Así mimo, figuran otras empresas ‘offshores’ vinculadas a la red de sobornos: Constructora Internacional del Sur, Innovation Research Engineering and Development Ltd, Kleinfeld Services Ltd, Trident Inter Trading Ltd. y Fasttracker Global Trading Ltd, nombres que han resonado en las investigaciones por corrupción que países como Panamá llevan sobre el caso Odebrecht. .

La aparición de los nombres de Rondón y Pittaluga en esos documentos lo ‘tipifica’ como una de las ‘piezas clave’ del expediente.

La empresa constructora entregó, asimismo, informaciones contundentes que explican el esquema de corrupción utilizado para realizar pagos indebidos. Incluye una certificación que revela la identidad de los usuarios del sistema de comunicación Drousys, utilizado por la ‘División de Operaciones Estructuradas’, que operó en el país y que servía para coordinar las transferencias de los sobornos. Y aportó también a los fiscales certificaciones adicionales de las transacciones y operaciones realizadas por la constructora a favor de diversas compañías, tales como Arma y Roymar.

Mucha gente quiere más imputados. Otros consideran que el trabajo realizado por la Procuraduría es satisfactorio. No faltan los que consideran que el tema es más político que jurídico y hay quienes se quejan de los vínculos de los siete que, finalmente, resultaron encartados en el voluminoso expediente presentado la semana pasada ante la Suprema Corte de Justicia.

La generalidad de la sociedad pensante y no tan contaminada con el torrente de información –oficiales, interesadas, distorsionadas, sensacionalistas– que han girado en torno a este episodio sin precedentes, dan un voto de confianza al Ministerio Público, encarnado por la Procuraduría General de la República, y a la Justicia ante al gran reto que tienen en la lucha contra la corrupción.

Y revela el volumen del expediente que, definitivamente, el acuerdo de cooperación logrado por las autoridades judiciales con Odebrecht en marzo del 2017 fue una acción acertada que, por demás, cobró los 92 millones de dólares que admitió la constructora haber invertido en pagos de sobornos y, adicionalmente, se logró que pagara el duplo, o sea otros 92 millones de dólares de multa por el delito cometido y aceptado.

Ha quedado claramente demostrado, entiendo, que en la conformación de este delicado y ruidoso expediente primó el interés de hacer justicia, por lo que quien no está no está y quien debe estar, está, según las pruebas, la documentación recopilada por los fiscales de la Procuraduría. No hay signos de vendettas ni de aceptación, por temor, de llenar páginas con nombres sonoros, contra quienes no se puede probar participación delictiva, aunque la calle, la bullanguería los señale, muchas veces más por un dejo de hacer maldad que por el interés de hacer justicia.

Concluyo en el entendido de que, muy contrario a lo que cacarean y pretenden hacer creer políticos y vocingleros, se ha dado un paso importante, sin precedentes, trascendente en la demandada persecución y sanción de la corrupción, una de las obligaciones puestas sobre los hombros de las autoridades judiciales de la nación.